El argumento utilizado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para «filtrar» (realmente no ha sido una filtración, sino una comunicación en toda regla) el fallo que formará parte de la sentencia por la que condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido evitar que se produjese una filtración en el tiempo que transcurrirá desde la votación de los magistrados hasta la redacción y comunicación oficial e íntegra de la misma.

Los magistrados se enfrentaron al desafío de cómo proceder con la comunicación de su decisión. Básicamente tenían dos opciones: comunicar el fallo antes que la sentencia o esperar a que ésta estuviese lista y entregada a las partes. Optaron por la primera, lo cual es, a mi juicio, un error de comunicación por tres razones:

La primera es porque han desatado un intenso debate político sin que se conozcan los fundamentos jurídicos de la sentencia. Este déficit informativo impulsa la polarización de las opiniones, mayoritariamente a partir del sesgo partidista de quién las emite. Opinar sin fundamento es un deporte muy extendido entre los actores que operan en el ámbito de la opinión pública. Tampoco ha ayudado a la percepción del proceso judicial que muchos periodistas hayan dictado su propia sentencia durante el juicio a partir de su experiencia parcial con el caso.

La segunda es que al carecer de argumentación jurídica el foco se ha puesto en la supuesta inclinación ideológica de los siete magistrados, cinco de los cuales votaron a favor de la resolución condenatoria y dos se abstuvieron. Poco importa que algunos de ellos hayan participado en otros juicios que resultaron en condenas para otros partidos; lo realmente relevante para unos y otros es dónde se les alinea ahora a partir de su voto. Este clima especulativo favorece la percepción de que la justicia está politizada.

Y la tercera es que la sentencia tendrá menos repercusión informativa que el fallo. Claro que acontecerán análisis sobre el contenido del documento jurídico, pero los favorables a la condena lo utilizarán para reforzar sus argumentos y los contrarios para defender que el fiscal debería haber sido absuelto, como imprudentemente comentó el presidente del Gobierno en el trascurso del juicio al proclamar su inocencia. De nuevo este hecho propicia que los análisis superficiales y las opiniones rápidas ganen la partida a las reflexiones profundas.

En conclusión, considero que ha sido un error de comunicación adelantar el fallo de la sentencia por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Aunque unos lo consideran una victoria del estado de derecho y otros una oportunidad para seguir situando -y eludiendo así su responsabilidad- los casos que les afecten en el ámbito político partidista, el resultado supone un nuevo golpe a la percepción ciudadana de la imprescindible separación de poderes.

Nadie espera que el poder ejecutivo sea imparcial, y tampoco el legislativo, donde deciden las mayorías, pero sí que el poder judicial se mantenga ajeno a los intereses y las presiones de gobernantes y lobbies. La sensación de quiebra de la imparcialidad de jueces y fiscales erosiona la democracia, cuya salud general atraviesa ya un momento delicado.