10Ago
2014
Escrito a las 7:28 am
Transparencia, fotografía de Tiago Celestino.

Transparencia, fotografía de Tiago Celestino.

En España eludir el pago de impuestos está mal visto. Desgraciadamente, lo contrario, pagar impuestos no está bien visto o, al menos, no cuenta con el merecido aprecio social. Es la consecuencia de una cultura que toma a Rinconete y Cortadillo por dos tipos simpáticos o que asocia pillería a inteligencia. Una sociedad de costumbres fiscales relajadas que llega a pensar que las personas que dan con sus huesos en la cárcel por mover dinero al margen de la Hacienda pública no han sido suficientemente listas para evitar las rejas. Sin embargo, la condena debería ser sobre todo moral. Eludir la acción de la justicia por razones fiscales no habría de ser abordada como una dialéctica entre listos y tontos, o entre realmente listos y listillos, sino entre honestos y deshonestos.

Aunque la denominada ‘condena de telediario’ no es suficiente castigo, sí contribuye a la pérdida de reputación de quien engaña al fisco. No son los medios de comunicación quienes deben juzgar a los supuestos defraudadores, sino la Justicia, pero son minoría los casos de personas que tras ser acusadas por la prensa finalmente han sido declaradas inocentes por los jueces. De hecho, en general los medios apuntan más que imputan. La buena salud de la que goza la presunción de culpabilidad en la sociedad española es la consecuencia, entre otras, del consentimiento social de la fullería fiscal.

Si a ella sumamos la cultura del clientelismo, descubriremos que la piel de toro sangra inmoralidad porque no ha sido bien curtida con una educación en principios éticos y valores sociales. Ya lo decía César García Muñoz en El País: “En sociedades con frágiles mecanismos democráticos, al individuo sin capital social no le queda más remedio que conectarse a redes de influencia buscando atajos para saltarse las barreras sociales“. La barrera fiscal se salta con la excusa del expolio de los ingresos propios ante la pretendida excesiva presión impositiva. Sin embargo, las sociedades que sienten que están gravadas con impuestos altos comienzan a penalizar más a quien no los paga o construye complicados artefactos contables para recortar su contribución a las arcas de las administraciones públicas.

Crece, por ejemplo, la condena pública por la utilización de paraísos fiscales para reducir la factura impositiva. Se considera paraíso fiscal a aquel país que responde a alguno de los siguientes criterios; tiene una fiscalidad nula o reducida; opera con una normativa financiera flexible, que puede incluir el secreto bancario o una regulación del sector laxa; aplica un sistema recaudatorio dual (que distingue entre residentes y no residentes); o no facilita el intercambio de información de cuentas y operaciones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó en el año 2000 una “lista gris” con 31 países considerados paraísos fiscales. En 2009 aumentó su presión sobre territorios que no habían implantado estándares de transparencia fiscal y exigió tener un mínimo de 12 convenios para dejar de aparecer en tal listado de vergüenza. Paulatinamente todos los países, excepto Naurú y Niué, han ido abandonado la lista mediante diversos acuerdos de colaboración. algunos de ellos con un limitado alcance geográfico al basarse en convenios bilaterales. Sin embargo, la mayoría de estas jurisdicciones siguen manteniendo un régimen dual, baja o nula tributación y secreto bancario.

Frente al estándar de la OCDE se ubica el mucho más exigente de Tax Justice Network, cuya lista de paraísos fiscales es mucho más extensa. Esta ONG incluye a países cuya legislación favorece la localización de capitales por la menor imposición y la mayor protección de los datos bancarios, como Luxemburgo, Holanda, Andorra y, por supuesto, Suiza. Ni siquiera la excepcionalidad geográfica salva a Melilla de aparecer en la lista negra de Tax Justice Network.

En España el criterio seguido para clasificar a un territorio como paraíso fiscal es la ocultación de la información económica y bancaria. El Real Decreto 1080/91 contiene una lista de 48 países que son considerados paraísos fiscales. No obstante, 15 de los 48 ya han suscrito con España acuerdos de intercambio de información o para evitar la doble imposición en materia tributaria que les sitúan fuera de tal clasificación.

El denominador común de todas las iniciativas para aumentar la responsabilidad fiscal es la demanda de una mayor transparencia. Las empresas tendrán que dedicar cada vez más espacio en sus informes al capítulo de impuestos: cuánto, cómo y dónde los pagan. La anticipación aparece de nuevo como una estrategia útil, porque en este caso los últimos serán los primeros de una lista en la que aparecer será dañino para la reputación global y local. En esta línea de anticipación destaca la iniciativa del BBVA Total Tax Contribution, que detalla el pago de impuestos por países y conceptos fiscales. Un sencillo y eficaz ejercicio de comunicación que marca el camino a seguir para todas las empresas independientemente de su grado de internacionalización.

Los impuestos son y serán materia prima para los comunicadores. Al beneficio que implica cumplir con el fisco se suma la promoción de una nueva cultura fiscal en la que pagar tributos no sea cosa de tontos, sino de ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con el bienestar sus comunidades.

En el final de su novela “Rinconete y Cortadillo“, Miguel de Cervantes anuncia que dejará para otro relato “la vida y milagros del maestro Monipodio, el jefe de la mafia local de Sevilla que dirige a los dos muchachos, “y otros sucesos de aquéllos de la infame academia, que todos serán de grande consideración y que podrán servir de ejemplo y aviso a los que los leyeren“. Ojalá el mal ejemplo de los defraudadores ayude a los contribuyentes a seguir con rectitud  la senda de la responsabilidad fiscal.

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